CUATRO PILARES PARA UNA ECONOMIA CON JUSTICIA DISTRIBUTIVA

Si una sociedad desea organizarse para llevar adelante un proceso de organización económica que lleve a resultados justos y equitativos, debe establecer una política económica y social consensuada, fruto de un acuerdo social amplio que le otorgue sostenibilidad en el tiempo.

La política económica y social debe basarse, prioritariamente, en cuatro pilares: Política económica  de largo plazo (monetaria, fiscal, cambiaría e inflacionaria); estrategia de inserción internacional que lleve a un grado aceptable de competencia interior; asignación de recursos (privados y públicos) en función de prioridades sociales y, finalmente, una lucha frontal contra la pobreza.

Estos cuatro pilares deben ejecutarse en un marco de transparencia (no a la corrupción pública y privada) y de participación ciudadana.

La política económica de largo plazo debe tener como objetivo lograr un orden macroeconómico estable que permite el cálculo económico a los sujetos que invierten y consumen (empresas y familias) y establece finanzas públicas sustentables, en una coordinación público-privada para el bien común. Este orden macroeconómico debe facilitar el movimiento de capitales interno e internacional  y concluir en una baja inflación. De esta forma, será posible sentar las bases para la justicia distributiva sustentable que lleve no solamente a una política de ingresos de largo plazo, sino inclusive, a una política de redistribución de ingresos. Los avances exitistas de corto plazo serán no sustentables, como lo demuestra la realidad argentina de las últimas décadas.

La estrategia de inserción internacional es, posiblemente, una de las decisiones estratégicas más importantes que debe decidir toda sociedad. Ello es así debido a que, como consecuencia de esta decisión estratégica, en la organización de la producción se discrimina entre lo que se producirá domésticamente, internamente, y lo que se importará.  Como consecuencia importante para la política económica de largo plazo, esta decisión contribuirá a establecer el grado de competencia interior en el sistema económico, como una simbiosis entre la ley de defensa de la competencia y del consumidor interna y la apertura al mundo.  Sin competencia no habrá eficiencia en la asignación de los recursos y re inversión y, fundamentalmente, será muy dificultoso sostener una política de distribución del ingreso y, menos aún, de redistribución del ingreso.

La asignación de recursos en función de prioridades sociales debe manifestarse en un Plan Estratégico de Largo Plazo y en presupuestos públicos plurianuales. Todo esto presupone un amplio consenso político y social alrededor de los grandes temas que interpelan a la sociedad. Sin estrategias de largo plazo, la sociedad no sabe hacia dónde se dirige y, por lo tanto, se concluye en una dilapidación de recursos. Si nuestra sociedad se caracteriza por el hecho de que el gasto público consolidado (nacional más provincias más municipios) absorbe entre el 45/50% del PBI, y a ello le agregamos el fuerte intervencionismo estatal que condiciona el resto de la sociedad con una elevada presión fiscal, entonces, la falta de crecimiento económico y desarrollo social provienen de una dilapidación de recursos, que no siguen a prioridades sociales y a la eficiencia en la asignación de los recursos.  Sin hablar del tamaño del sector público, tomemos en cuenta el gasto en exceso de personal a todos los niveles y la falta de planes estratégicos que diluciden entre alternativas de asignación óptima de inversiones y gastos. Paralelamente, la volatilidad de la política económica atenta contra la permanencia y crecimiento de los empresarios privados.

La lucha frontal contra la pobreza, entonces, se encuentra con una cruda realidad: Si nuestra sociedad no tiene definida una política económica de largo plazo, su estrategia de inserción internacional impide un grado aceptable de competencia interior y se lleva adelante una dilapidación de recursos, tanto a nivel del sector público como privado, luego, la consecuencia clara es LA POBREZA. Así es que nos encontramos con un 30/35% de conciudadanos argentinos en situación de pobreza.

Por ello es clave que nuestra sociedad tome conciencia de la importancia de los cuatro pilares prioritarios para lograr una organización económica y social justa y equitativa.